Por Alejandro Mut //
Está en la cocina hace rato un proyecto de ley que busca endurecer las regulaciones estatales en torno al alcohol para—dicen—atender el tema del “consumo problemático”. O bueno, los choborra, como se decía antes de la era de la corrección política.
Antes que nada, y al igual que con cualquier droga, aquí estamos ante un problema claro de avasallamiento de los derechos individuales y de socialización del control de conductas privadas. Cada ser humano es el dueño de su propio cuerpo y como tal, el único con legítimo derecho a decidir lo que desea o no hacer con él. La opción de consumir o no productos que puedan dañarnos o de asumir conductas riesgosas de cualquier tipo es exclusiva de cada uno de nosotros, quienes sopesaremos el costo-beneficio de nuestras acciones en relación con lo que queramos para nosotros mismos. Por supuesto, el límite es la agresión a terceros o cualquier daño causado a su propiedad.
Pero más allá de la cuestionable moralidad colectivista de imponer a otros para sí lo que consideramos bueno para nosotros, aquí hay al menos un par de serios errores desde el punto de vista meramente utilitario.
Primero, una de las propuestas que los impulsores de esta proyectada ley promueven habla de “regular y reducir progresivamente la cantidad de puestos de venta y establecer patentes para los que despachen alcohol”. Analicemos un poco lo que esto significaría. ¿Qué ocurre cuando se reduce la cantidad de competidores de un producto de consumo masivo y se imponen tasas o licencias de operación para quienes deseen comercializarlo? Simple: suben los precios, el nivel consumo fluctúa muy poco y los pocos que obtienen las licencias concentran ganancias enormes. Por lo tanto poco tiene que ver esta medida con reducir el consumo y mucho tiene que ver con generar un nuevo grupo de poder e intereses especiales. Lo que hoy es un beneficio para muchos (el vender alguna que otra cervecita los fines de semana) pasará a ser un gran negocio para el reducido lobby de las “licorerías” y para los bares o locales donde se consume in situ. Quien logre obtener el dinero para pagar por la licencia tendrá asegurados grandes réditos, mientras que quienes apenas lleguen a reunir lo suficiente para alquilar un humilde local y comprar una pequeña heladera serán avasallados por la fuerza pública y obligados a renunciar a esa fuente de ingresos. Mientras, el que quiera “tomarse una” no tendrá más que dar media vuelta y cambiar su rumbo… en vez de ir al veinticuatro horas de la esquina, tendrá que proceder a desplazarse hasta la “licorería autorizada” del Municipio CH (perdón por lo oligarca de mi ubicación).
En segundo lugar, proponen ampliar el horario de venta no autorizada. Actualmente (Guillermo Stirling mediante) no se puede vender alcohol entre las 0 y las 6 horas. Pero todos sabemos que esa reglamentación es muy difícil de fiscalizar. En definitiva, termina afectando al que estaba organizando un asadito en la casa y se quedó sin cerveza porque le cayeron dos amigos imprevistos después de la medianoche, mientras que los consumidores pesados habituales ya tienen muy claro como sortear el inconveniente. Para variar, pagan justos por pecadores y la medida no hace más que coartar la libertad de quienes buscan ejercerla responsablemente. Ampliar el horario solo agravará esta injusta situación.
El tema aquí es no identificar (o no querer identificar) cuál es la conducta que debe fiscalizarse y reprimirse. El problema no es el tomar alcohol. No es el drogarse. No es el vender ni producir cualquier sustancia o narcótico. La conducta a fiscalizar es la agresión, el daño físico, el robo, el asesinato. Tal vez, si se quiere, los ruidos molestos a ciertas horas. Pero todo eso es independiente del estado de intoxicación o sobriedad de quien lleva a cabo esas conductas. Si a mi me roban, chocan, agreden o despiertan a los gritos a medianoche, poco me importa si el tipo estaba borracho, drogado o fresco como una lechuga. Todo el esfuerzo en controlar comercios, alcohol, drogas o lo que fuere debería concentrarse en controlar aquellas conductas verdaderamente agresivas y a los agresores que las perpetran.
Por último, tenemos que ser conscientes de que este tipo de medidas, si son aprobadas, difícilmente se reviertan. Una vez que el lobby-cartel de las licorerías esté establecido y agremiados y asociados al Pit-Cnt los “explotados” trabajadores de las mismas (¿dónde más podrán ir a trabajar, inocentes criaturas?), este esquema quedará grabado a fuego por generaciones. Cuando el Leviatán logra avanzar, mucho más cuesta hacerlo retroceder.